Desde diferentes
sectores políticos de la ciudad, vienen adelantando una campaña tendenciosa y
mentirosa contra el rector de la Universidad de Cartagena, y contra la misma
institución de educación superior, valiéndose para ello de influencias oscuras
a nivel del gobierno nacional, y enviando noticias falsas o fake news.
Fuentes indagadas
FRENTE A FRENTE, señalan que incluso presuntamente podría estar
involucrada tras bambalinas la representante del presidente Petro en el Consejo
Superior Universitario, la señora María Alejandra Benítez Hurtado, y que
podría existir un siniestro plan para imponer a un rector que puedan manejar a
su antojo, desde grupos políticos.
Todo lo anterior
para tratar de opacar la prospera labor que viene adelantando WILLIAM MALKUN
CASTILLEJO al frente de la Universidad de Cartagena, tanto en las sedes
principales de Cartagena, como en las sedes de San Juan, Carmen de Bolívar,
Magangué, Mompox, Lorica y Cereté, donde adelantan estudios mas de 25 mil
jóvenes.
Los directivos
sindicales Joel Teherán y Diosenel Poveda de ASOUNICOL, Hader Lizcano de
SINTRAUNAL, Viviana Londoño SINTRAUNICARTAGENA, fueron enfáticos al defender la
labor y el desarrollo de todas las actividades en el alma mater local, alejada
de cualquier acto de corrupción.
DECLARACIONES DE LOS DIRECTIVOS SINDICALES DE
UNICARTAGENA
Con vista a los
acervos jurídicos aportados, ha quedado demostrado que las conductas imputadas
a la Universidad y a los funcionarios William Malkun Castillejo y José David
Patiño son típicas y antijuridicas porque vulneraron los reglamentos internos,
protocolos institucionales y lineamientos ministeriales así como obligaciones legales y constitucionales relacionadas con
el deber de actuar con la debida
diligencia reforzada en casos violencia de genero con un peligro real a los
derechos los denunciantes .
En los precisos
momentos en que la Universidad de Cartagena presenta afugias para alcanzar los
puntos de equilibrio con los aumentos salariales, se inventaron por parte de
algún funcionario del Ministerio de educación, haciendo un mandado o un favor
político, imponer una multa de 70 millones de pesos al ente educativo, sin los
fundamentos faticos ni el debido proceso.
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