Dumek Turbay y varios de sus funcionarios fueron denunciados penalmente
ante la Fiscalía General de la Nación por haber cambiado en detrimento de los
trabajadores el régimen de liquidación de las cesantías retroactiva en el
distrito, según las informaciones suministradas por el presidente del Sindicato
de Trabajadores Oficiales y Públicos de Cartagena SINTRAOFIPUCAR.
La organización sindical informó que agotó todas las instancias y la
respuesta recibida de la Administración, fue que demanden y hagan lo que
quieran. El abogado ALCIDES ARRIETA MEZA asumió la defensa de los
trabajadores de la planta Central de la Alcaldía, a quienes le arrebataron ese
derecho desde el año 2019 que por Ley le pertenece.
Es un hecho, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz, Milton Pereira
Blanco, jefe de jurídica, María Eugenia García Montes, Yira Tatiana Morales
Castro, exdirectora y directora de Talento Humano, le fueron solicitada
apertura de investigación penal por los presuntos delitos de prevaricato
por acción y omisión, ante la Fiscalía General de la Nación, por
denuncia presentada por el presidente de SINTRAOFIPUCAR, Antonio Cabarcas
Marchan; ya que cambiaron el régimen de liquidación de las cesantías
retroactivas, acogiendo un concepto erróneo y no obligatorio, del Departamento
Administrativo de la Función Pública y que deja en desventaja a funcionarios
que gozan de la condición de encargo.
DETALLES
DE LA DENUCIA DEL ABOGADO ALCIDES ARRIETA
La denuncia solicita evaluar las actuaciones de los funcionarios antes
mencionados, a quienes el sindicato, les ha venido solicitando revisar la
situación planteada en forma reiterada, desde octubre de 2024, a efectos de
restablecer los derechos de los trabajadores, a quienes le han venido siendo
desconocidos sus retribuciones, convirtiéndolos en deudores del Distrito, al no
reconocerles al momento de liquidar sus cesantías, congelar el nuevo salario de
los encargos a que le fueron encomendados.
Además se indicó que las conductas están tipificadas en la Ley Penal, a
título de Prevaricato por Acción y por Omisión, por lo que espera que en la
investigación penal se protejan los derechos de los trabajadores y se sancione
a los ex funcionarios y funcionarios actuales comprometidos, con la infracción
flagrante a la Ley.
En fallos recientes del Tribunal Administrativo de Bolívar le concedió
la razón a los servidores públicos del Distrito, que han visto atropellados sus
derechos laborales.
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