El
Juzgado Quince Penal Municipal de Cartagena ordenó al alcalde Dumek Turbay y a
su secretario del Interior Bruno Hernández responder en 48 horas por el
cumplimiento de un fallo de tutela relacionado con una millonaria inversión
destinada a la Cárcel Distrital de Mujeres. El silencio oficial levanta
interrogantes, según lo precisa el Portal Web de Noticias 7/24
Cartagena vuelve a estar en el centro del debate público un
dinero en cuantía de $17.300
millones destinado a la cárcel distrital de mujeres dentro
del Plan de Gobierno 2024–2027 lo cual se convirtió en el eje de una
controversia judicial que ahora toca directamente al alcalde Dumek Turbay Paz y
al secretario del Interior, Bruno
Hernández Ramos.
El Juzgado
Quince Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena requirió
formalmente a ambos funcionarios para que, en un plazo máximo de 48 horas, expliquen las
acciones ejecutadas para cumplir un fallo de tutela interpuesto por el
sindicalista Luis
Enrique Pérez Ramos, presidente de SINSERPUBLICOLOMBIA, sin
importar que la ciudad se encuentre de fiesta, y excluyendo de los términos
judiciales los días cívicos decretados por el alcalde.
Dentro del contexto de esta información, se sabe que el fondo
público, otorgado a través de crédito distrital, fue aprobado para mejoras y
funcionamiento de la Cárcel
Distrital de Mujeres de Cartagena, incluyendo obras de infraestructura y adquisición de
vehículos institucionales. Sin embargo, según el
accionante, no
existen evidencias claras del uso de esos recursos, ni informes
públicos sobre los avances del proyecto.
En el derecho de petición radicado el 17 de junio de 2025, Pérez
Ramos solicitó explicaciones detalladas sobre las obras o mejoramientos que
hasta el momento se han ejecutado o se van a ejecutar en el penal y el porque
en la actualidad no se cuenta con dos vehículos propios las 24 horas, acordados
desde 2019.
Hasta el momento, como es su costumbre y la constante de todos
los funcionarios del gobierno Dumek, la administración no ha entregado respuestas documentadas ni
comunicados públicos que aclaren la situación de los
fondos, lo que encendió las alarmas en el juzgado y motivó el requerimiento
judicial.
El despacho judicial ordenó a los
funcionarios:
- Presentar
un informe detallado con soportes de
las diligencias cumplidas respecto al fallo del 19 de agosto de 2025.
- Identificar
al funcionario responsable del cumplimiento de
fallos de tutela en la Alcaldía.
- Advertir que
el incumplimiento de este requerimiento podría acarrear multas, sanciones o procesos disciplinarios, conforme
al Decreto 2591 de 1991 y el Código General del Proceso.
§ El juzgado subrayó que
esta actuación busca verificar si la Alcaldía ha dado cumplimiento a una orden
judicial que protege derechos fundamentales.
§ Ni la Alcaldía de Cartagena ni
la Secretaría del Interior y
Convivencia Ciudadana han emitido pronunciamiento sobre
el caso. Mientras tanto, la ciudadanía y sectores sindicales exigen transparencia y rendición de cuentas sobre
los $17.300 millones que
debieron destinarse a la mejora de las condiciones del sistema carcelario
femenino.
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