Por AMYLKAR ACOSTA MEDINA - Miembro de
Número de la ACCE- www.amylkaracosta.net
La mezcla de los
biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20
años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi
autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria. El espíritu de la
misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos al
tiempo: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático y las de material
particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con
ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo, en donde más se
requiere.
Como es bien sabido
Colombia importa el 40% de la gasolina y el 10% del diésel que se consume en el
país, ello a causa de las limitaciones que acusan sus dos refinerías, la de
Barrancabermeja y la de Cartagena, las que opera ECOPETROL. De modo que el 10%,
en promedio, de la mezcla del etanol y el biodiesel, es el mismo porcentaje en
el que se reduce la dependencia de las importaciones.
De acuerdo con los
registros en Colombia los biocombustibles contribuyen a alcanzar la meta de
reducir en un 51% las emisiones de GEI hacia el 2030 reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130
toneladas de material particulado anualmente. Al reducir las emisiones de
material particulado se está mitigando su impacto sobre la morbilidad y
mortalidad, las cuales, según el DNP, le cuestan al país $12 billones,
aproximadamente, 1.5% del PIB (¡!).
Los biocombustibles son
mucho más que un aditivo o mezcla con el combustible motor, para constituirse
en una cadena productiva agroindustrial, en la que el etanol y el aceite es un
componente más de la misma. La del etanol involucra a 2.000 pequeños
cañicultores y la del biodiesel a 6.000 palmeros a pequeña y mediana escala.
Es de resaltar que en los
últimos 20 años la ampliación de la frontera agrícola y del área sembrada en
Colombia se debe a los cultivos de la caña de azúcar y la palma aceitera, cuyos
frutos sirven de insumos a la producción de los biocombustibles, generando más
de 90.000 empleos formales y bien remunerados, sobre todo en el campo, que es
en donde es más intensiva en mano de obra. Por todo ello y mucho más es que el
Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático no dudó en
afirmar que “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación
de la emergencia climática”.
Todo ello es lo que se
podría poner en riesgo si llega a quedar en firme dos resoluciones que fueron
publicadas para comentarios por parte del Ministerio de Minas y Energía a
través de las cuales se pretende cambiar la fórmula vigente para la fijación del
precio de los biocombustibles. Como lo plantea el experto Iván Darío Arroyave
“en la práctica Colombia pasaría a fijar
los precios de sus biocombustibles como si fueran importados, aunque se
produzcan con materias primas nacionales, reduciendo en ingreso a los
productores de etanol y biodiesel en un porcentaje del 14.5% y 23.9%,
respectivamente”. Las nuevas fórmulas reemplazarían el esquema vigente, que
combina referencias internacionales con los costos reales de producir en el
país, por un modelo basado en la paridad de importación, lo cual llevaría al
marchitamiento de estas dos cadenas productivas con todas sus consecuencias.
Por ello coincido con Arroyave en que “resulta
contradictorio que el mismo Gobierno que promulgó el COMPES 4062 de 2023 de
reindustrialización debilite el sector que mejor la representa. El llamado,
entonces, es a evitar semejante exabrupto.
Supuestamente con la nueva
metodología que comporta esta Resolución se pretende “alinear”, sin lograrlo,
los precios internos con los precios internacionales. Según el Ministro de
Minas y Energía Edwin Palma, “este es un paso hacia un mercado de biocombustibles
más justo, eficiente y alineado con la realidad internacional. Modernizamos
las reglas para proteger el bolsillo de los colombianos, reducir la presión
fiscal y dar señales claras de competitividad al sector productivo nacional”[1].
A diferencia de lo que
ocurre con el Ingreso al productor (IP) en la fórmula del precio de la gasolina
y el diésel, en el cual precio paridad importación que le sirve de base, que
toma como referencia el mercado del Golfo de México, en donde están instaladas
las mayores refinerías del mundo y por lo tanto la formación del precio refleja
la de un mercado competitivo, las referencias de Houston, como lo pretende el
Gobierno no es el más apropiado, dado que en EEUU la cadena de los biocombustibles
está subsidiada en todos sus eslabones, desde el agricultor hasta las plantas
que producen el etanol, el cual además es protegido con impuestos a las
importaciones. Y de contera la materia prima, el maíz, no se compara con la
caña de azúcar, que es considerada la más eficiente energéticamente, la de
mayor productividad por hectárea y sobre todo reduce en una mayor proporción
las emisiones de GEI. Lo propio puede decirse con respecto a la palma africana
cuando se la compara con tras materias primas para producir biodiesel, como son
la colza o la soya.
De llegar a aplicarse la
nueva fórmula se daría al traste con todo lo que ha significado para el país en
progreso de la agricultura, la generación de empleo e ingresos en los
territorios, en ahorro fiscal y en divisas para el Estado. Además, sería un
duro revés para la Transición energética justa que tanto pregona el Gobierno,
hasta convertirla en su mantra, habida cuenta de que, como lo ha dicho
diáfanamente y con toda contundencia el Panel de expertos de las Naciones
Unidas sobre el Cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “los
biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia
climática”.
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