Un
juez de control de garantías de Bogotá le negó ayer tarde la libertad a la exconsejera
presidencial para las regiones, SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA y por ello, deberá seguir en detención
preventiva en la sede de la Escuela de
carabineros de Facatativá, mientras avanza el juicio en su contra como pieza
clave en el entramado de corrupción de Gestión del Riesgo, mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Un juez penal de
control de garantías de Bogotá dejó en firme
la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a la exfuncionaria el 18 de diciembre de 2024.
El juzgado
rechazó los argumentos presentados por la defensa, con los que buscaba revocar
la medida de aseguramiento dictada en su contra, al advertir que la Fiscalía
logró demostrar que Sandra Ortiz todavía
representa un riesgo para la comunidad y tiene la capacidad de obstruir el
proceso penal.
La vinculación
de Ortiz en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) se debe a una serie de
pruebas que demuestran su implicación en un esquema de sobornos.
Según la
Fiscalía, en octubre de 2023, Ortiz habría
recibido 3.000 millones de pesos de Olmedo López y Sneyder Pinilla,
exdirectivos de la UNGRD, y luego dicha suma fue transportada y entregada a Iván Name Vásquez,
entonces presidente del Congreso de la República como parte de un pago de
coimas.
Para
la Fiscalía, Ortiz habría
incurrido en un concurso de conductas punibles, lo que podría derivar en una condena por
lavado de activos, el delito con la pena más alta de los que enfrenta; con base
la acusación de la Fiscalía se podría exponer de ser hallada culpable a una pena de
hasta 10 años de prisión.
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