A LA CARCEL PODRIAN IR 4 EXDIRECTIVOS DE NUEVA EPS

 

Se conoció el pasado fin de semana, en un comunicado del mismo ente acusador que cuatro exdirectivos de LA NUEVA EPS han sido llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación por el presunto ocultamiento de facturas y desviación de 70.500 millones correspondientes a deudas con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Se trata de José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad entre 2009 y comienzos de 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.

¿Qué cargos se les imputa?

Entre los cargos que se les imputan figuran falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control en recursos de la salud y peculado por apropiación. En el escrito de acusación se señala que entre 2019 y 2023 se dejaron de procesar aproximadamente 14 millones de facturas expedidas por diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía relación contractual.

Según la investigación, esa omisión habría permitido que la Nueva EPS mantuviera una imagen financiera positiva ante la Superintendencia Nacional de Salud, impidiendo una intervención oficial que algunos consideran debió venir mucho antes. Para lograrlo, los exdirectivos habrían presentado estados financieros falsos que incluían utilidades que en realidad no existían.

Según el comunicado de la Fiscalía, conocido en las últimas horas Una vez se generaba la prestación del servicio de salud por parte de una IPS o proveedor con la que había sostenido contrato la Nueva EPS, esta realizaba un procedimiento de radicación de la factura que acreditaba, que, en efecto, determinado insumo, procedimiento o servicio se había prestado a un determinado usuario de la empresa promotora de salud.

Según el comunicado, para el periodo comprendido entre los años 2019 a 2023, los directivos de la Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlo Izasa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta decidieron no procesar la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía alguna relación contractual.

“La política consistía en proyectar a través de un documento denominado CXP, lo que podía procesar técnicamente la EPS en el área de cuentas médicas, esto que quería decir, que, previamente se tenía establecido un monto limite mediante el cual se podía procesar las cuentas médicas radicadas en la entidad”, explica.

Según las pruebas, esta situación era conocida por cada una de las áreas de la alta dirección y consultada por las mismas, a través de los sistemas de información dispuestos por la Nueva EPS.

“El no procesar toda la facturación que se radicaba ante la empresa promotora de salud Nueva, generó un ocultamiento del costo que presentaba en ese lapso la EPS y dicha proporcionó de manera fidedigna al ente de control de la Superintendencia”, concluye el comunicado.