Por HUMBERTO DE JESÚS MERCADO MEZA –
Abogado Penalista-Magister en Ciencias Políticas
En
marzo y mayo de 2026 se realizarán las elecciones parlamentarias y presidenciales
en Colombia y el país se encuentra inmerso en una tormenta política que combina
violencia contra liderazgos, fragmentación partidista, polarización ideológica,
acompañada con una creciente desconfianza institucional, panorama no solo es complejo,
desolador, sino profundamente preocupante para la salud democrática de un país
que se hunde en el caos y la decadencia de valores.
La
(MOE) Misión de Observación Electoral ha documentado 106 agresiones contra
liderazgos políticos entre enero y julio de 2025, incluyendo amenazas,
atentados, asesinatos y secuestros.
El
asesinato de Miguel Uribe Turbay y el atentado contra el representante Julio
César Triana son apenas dos ejemplos de una violencia que no distingue
ideología ni región, violencia que no solo ha tocado a estas dos personas,
sino, que toca directamente a partidos políticos como el Centro Democrático, el
Partido Conservador, el Liberal, el Mais.
La
violencia política ha superado incluso a la que afecta a líderes sociales y
comunales, lo que revela un patrón estructural que amenaza el derecho ciudadano
a participar libremente en política.
En
diferentes departamentos de Colombia (Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima y Chocó)
la presencia de bandas criminales y grupos armados ilegales generan un ambiente
de coacción electoral, en el que se advierte claramente que las comunidades
están siendo instruidas sobre por quién deben votar y de qué forma so pena de
represalias.
La
polarización política, lejos de atenuarse, se ha intensificado bajo el gobierno
de Gustavo Petro. Las reformas propuestas, los enfrentamientos con las
instituciones y los llamados a una Asamblea Constituyente han exacerbado las
divisiones. La oposición acusa al gobierno de intentar romper el orden
constitucional, mientras el oficialismo denuncia una persecución judicial y
mediática contra sus líderes.
Este
ambiente ha generado un caldo de cultivo para discursos extremos, donde la
moderación parece haber perdido espacio. La retórica de “ellos o nosotros”
se impone sobre el debate de ideas, y la desinformación amenaza con convertirse
en protagonista ante la suspensión temporal de encuestas de intención de voto.
La
carrera presidencial de 2026 se perfila como una de las más fragmentadas de la
historia reciente. Más de 75 aspirantes han manifestado su intención de
competir, desde figuras tradicionales como María Fernanda Cabal y Sergio
Fajardo, hasta outsiders como Vicky Dávila y el cantante Alex Manga. Esta
dispersión refleja tanto el desgaste de los partidos como la búsqueda ciudadana
de alternativas fuera del sistema convencional.
En el
Congreso, la situación no es menos caótica ya que la fragmentación dificulta la
construcción de mayorías estables y augura un escenario de gobernabilidad
precaria para quien resulte electo.
Las
alianzas interpartidistas aún están en proceso de formación, pero las
divisiones internas en bloques como el Pacto Histórico y el Centro Democrático
complican la consolidación de candidaturas únicas y lo mejor, gente tratando de
pescar en río revuelto como Miguel Uribe Londoño quien acaba de presentar
formalmente su candidatura para los comicios de mayo.
Las
próximas elecciones no serán solo un ejercicio democrático, serán una prueba de
fuego para la resiliencia institucional del país. La violencia, la polarización
y la fragmentación amenazan con deslegitimar el proceso electoral si no se
garantizan condiciones mínimas de seguridad, transparencia y pluralismo.
Actualmente,
los colombianos tendrán que enfrentar un reto gigantesco, el de elegir no solo
a sus próximos gobernantes, sino, de definir el tipo de democracia que quiere
construir. ¿Será capaz de superar el miedo, la división y el desencanto? ¿O se
encaminará hacia una deriva autoritaria o populista?
Las respuestas
a estos interrogantes se encuentran en las manos de todos nosotros como actores
principales y poder primario, sin dejar el papel protagónico de los actores
políticos, sociales y estatales de proteger el proceso electoral y recuperar la
confianza en el sistema democrático.
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