CORTE CONSTITUCIONAL ORDENÓ HACER LA CONSULTA PREVIA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE BAYUNCA
En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Colombia
revocó las decisiones previas del Tribunal Superior de Cartagena y del Juzgado
002 Penal del Circuito Especializado, ordenando proteger los derechos
fundamentales del Cabildo Indígena Menor Zenú de Bayunca Caizeba frente al
megaproyecto “Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias – IP CACI”.
La Corte concluyó que la comunidad indígena no fue debidamente
consultada antes de autorizarse el desarrollo del proyecto, vulnerando sus
derechos a la consulta previa, a la participación y al debido proceso. Por
ello, ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Odinsa Aeropuertos
S.A.S. y Conecta Caribe S.A.S. convocar, en un plazo de 15 días, una reunión de
socialización con enfoque étnico, en la que los miembros del cabildo puedan
conocer y debatir los alcances y posibles impactos del proyecto.
Adicionalmente, la Subdirección Técnica de Consulta Previa
deberá realizar una visita de verificación en el territorio indígena en los
próximos 30 días, evaluando riesgos sociales, ambientales y económicos,
considerando además situaciones como el desplazamiento forzado, la expansión
urbana y la falta de tierras colectivas que afectan a la comunidad. La
información entregada por las empresas sobre impactos ambientales será clave en
ese análisis.
Tras la visita, la autoridad competente deberá emitir una nueva
resolución administrativa determinando si procede o no la consulta previa para
continuar el proyecto. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la
Nación deberán acompañar y asesorar a la comunidad indígena durante todo el
proceso, garantizando el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales.
Por último, la Corte desvinculó del trámite a la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Secretaría del Interior de
Cartagena, al no encontrarles responsabilidad directa en la vulneración de
derechos.
Este fallo resalta la obligación del Estado y las empresas de
respetar los derechos de las comunidades étnicas frente a megaproyectos de
infraestructura.
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