48 horas después
de realizado el Consejo Nacional de Política Criminal, el ministro de Justicia,
Eduardo Montealegre, salió a darle la cara al país por toda la polémica que se
ha generado alrededor de la reforma que les daría beneficios a grupos armados,
crimen organizado y a los integrantes de la llamada primera línea.
El funcionario
aseguró que este proyecto no tiene impunidad, sino que tendrá unas penas
mínimas privativas de la libertad. El alto funcionario entregó detalles después
de las cinco horas que duró el Consejo de Política Criminal, en el cual
se discutió el proyecto, que ha generado una ola de críticas por
parte de diferentes sectores.
“Ese Consejo de
Política Criminal, por mayoría, dio un sí al proyecto de Paz Total, orden
público y seguridad ciudadana, que presentaremos el 20 de julio en nombre del
Gobierno nacional. Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de
justicia y paz, y de la jurisdicción especial, producto de los acuerdos de La
Habana”, dijo Montealegre.
El exfiscal
general y ahora Ministro de Justicia del gobierno Petro describió la reforma
como una mezcla de justicia “retributiva y
restaurativa, por lo cual Colombia debe tener la seguridad de que aquí no
estamos construyendo una alambrada de impunidad, siempre habrá un mínimo de
pena privativa de la libertad”.
Sin embargo, fuentes internas del Consejo de Política Criminal
explicaron que la Procuraduría General de la Nación se abstuvo de emitir un
concepto sobre el proyecto de ley porque “no ha sido consultada previamente”,
al tiempo que dijo que “hay bastante premura con el proyecto”,
cuando es un tema que debería ser tratado con calma.
CORTE SUPREMA OPINÓ AL RESPECTO
Por su parte, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de respaldar la
iniciativa por falta de tiempo para discutir y deliberar la propuesta del
Gobierno Petro, que se encuentra en sus últimas pinceladas tras el Consejo.
En “la revisión del articulado y la exposición de motivos no se
advierte una justificación debidamente sustentada de los desafíos operacionales
y el impacto fiscal de la propuesta, dado que se asignan responsabilidades
significativas a la rama judicial penal ordinaria (FGN y jueces penales del
país)”, advirtió la Corte.
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