La Fiscalía General de la Nación, en una acción articulada
con Migración Colombia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional
(HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ambas agencias
adscritas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, puso al
descubierto a tres presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes
señalados de gestionar registros civiles y otros documentos de identificación a
extranjeros para hacerlos pasar como colombianos y facilitarles el tránsito a
territorio estadounidense.
Se trata de Ingrid KATERIN VILLAR PEDROZO Y GERSON PUENTES
SINING, a quienes una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad
Organizada les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico
de migrantes y falsedad material en documento público; y el funcionario de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar (Bolívar), JOSÉ
MARÍA ROMERO ORTEGA, imputado por los delitos de tráfico de migrantes
agravado y acceso abusivo a un sistema informático agravado.
En el curso de la investigación se acreditó que, entre
noviembre de 2021 y marzo de 2025, se habrían articulado para contactar a
ciudadanos de República Dominicana, tramitarles los papeles necesarios para que
figuraran como nacidos en Colombia, y así permitirles movilizarse con libertad
por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales.
La intermediación ilícita, al parecer, la realizaban ante
registradurías y otras entidades de Cartagena y El Carmen de Bolívar (Bolívar),
Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre) y Leticia (Amazonas).
Puentes Sining sería el cabecilla de la organización delictiva, el responsable
de transportar y acompañar a los extranjeros mientras les gestionaba la
documentación, y el encargado de garantizar que salieran sin contratiempos por
los filtros migratorios de los aeropuertos. A su vez, Villar Pedrozo estaría
involucrada en el traslado de los migrantes.
Finalmente, Romero Ortega, al parecer, utilizaba su usuario y
clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría,
consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites
fraudulentos. Por disposición del juez de control de garantías los dos
particulares deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario;
mientras que el funcionario seguirá vinculado a la investigación.
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