La Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES solicitó
a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) que facturaron servicios sin contar con la
infraestructura física para prestarlos, lo cual generaría falsedad en la
prestación de servicios y su posterior facturación.
De acuerdo
con un comunicado emitido por la ADRES, en septiembre del año pasado, la entidad ordenó
suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más
de $70.000 millones. Esto como parte de las auditorías realizadas
desde 2023 en las que se evidenció que no se contaba con la infraestructura
para la prestación de servicios de salud.
Del total
de instituciones notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y,
por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme, y a diez, que sí
presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable.
Según la Adres,
estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud
por $79.511 millones. Dicha pretensión habría sido impedida mediante
los controles establecidos por la administradora, los cuales incluyen la visita
a terreno para comprobar irregularidades en la operación y en la entrega de
información.
En el
informe presentado a la Fiscalía, el director de la ADRES, Félix León
Martínez, señaló que las alertas sobre una presunta estafa se
encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por
servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de
tránsito relacionados con vehículos sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (Soat) o fantasmas.
De acuerdo
con la ADRES, la información entregada al ente acusador son el resultado
de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas
contratadas en 2024 y un equipo interno de auditoría concurrente.
Estos actores se encargaron de validar las reclamaciones recibidas y contrastar
la información.
Como parte de su reporte,
la entidad administradora también presentó el listado de las IPS que
facturaron atención de heridos por accidentes de tránsito, sin contar con la
infraestructura física que hiciera posible prestar tales servicios.
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