Aunque un poco tarde, 12 años
después de cometidos los ilícitos, la Fiscalía General de la Nación presentó en
juicio pruebas que acreditaron la participación de dos exfuncionarios y un
contratista en un entramado de corrupción que se apropió de recursos que
buscaban garantizar el servicio de educación a niños, niñas y adolescentes de
comunidades que habitan zonas geográficas de difícil acceso en Magdalena.
En ese sentido, un juez penal
de conocimiento condenó al exsecretario de Educación de Magdalena, ANTONIO
JOSÉ MATERA RAMOS, a 20 años y 10 meses de prisión; a la exfuncionaria de
la gobernación departamental, DUBYS TERESA ZAGARRA PALACIOS, a 25 años
de prisión; y al contratista JOHN MAIRON MACÍAS SIERRA, a 33 años y 4
meses de prisión.
Estas tres personas fueron
declaradas responsables del delito de peculado por apropiación. Adicionalmente,
Zagarra Palacios fue sentenciada por falsedad ideológica en documento público.
Los hechos que motivaron las
condenas están relacionados con la celebración del contrato 545 de 2013,
suscrito entre la Gobernación de Magdalena y una fundación por valor 18.531
millones de pesos, con el objeto de prestar servicios educativos a menores de
edad fuera de la cobertura departamental. La idea era beneficiar a 15.524
niños, niñas y adolescentes, pero tan solo fueron atendidos 5.191.
Un fiscal de la Dirección
Especializada contra la Corrupción estableció que el contratista no respondió
ante la obligación de ubicar las aulas, dotarlas físicamente y entregar los
materiales necesarios para la impartición de las clases. Así como seleccionar y
cubrir los honorarios de los docentes.
De igual manera, quedó en
evidencia que Macías Sierra presentó documentos falsos como contratos de
profesores y facturas que daban cuenta de que una empresa cubría determinadas
actividades, cuando en realidad eso no ocurrió. La compañía en realidad estaba
habilitada para comercializar partes, piezas y accesorios para automóviles.
En medio de los
incumplimientos, la interventoría del contrato, que estuvo a cargo de una
universidad pública, certificó que el objeto previsto se atendía a plenitud;
Asimismo, Zagarra Palacios, en su condición de supervisora, también dio su
aval; y el exsecretario Matera Ramos aprobó una certificación de supuesta
ejecución exitosa del contrato y ordenó el desembolso de recursos. Con estas
actuaciones los involucrados auspiciaron el desvío de 5.000 millones de pesos.
Quienes esperamos justicia por
el saqueo a Cartagena, creo que deberemos esperare por lo menos 10 años más, y
quizá ya no lo veremos.
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