Opinión - AMYLKAR
ACOSTA MEDINA- www.amylkaracosta.net
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El
Gobierno ha sido errático en su política energética, que tiene sumida en una
crisis inducida al sector. Recordemos que, en septiembre de 2022, el Presidente
Gustavo Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las
altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando con ello
que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas. Ello no le
fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía
suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la
Ley.
Pero,
a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en
propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo
manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello,
contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin
que, algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se
ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar
sus decisiones, en momentos en los que más se requiere contar con ella.
Ha
afirmado el Presidente que las alzas en las tarifas obedece a la especulación
por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la
Bolsa de energía o Mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce
una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios públicos,
que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de industria y
comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de
posiciones dominante. Incluso afirmó que Colombia era el único país en donde no
era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de
toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.
Más
recientemente, en mayo del año anterior el Presidente Petro, en respuesta al
clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación
asumiría la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tienen los estratos
1, 2 y 3, aproximadamente $2.8 billones de un total del saldo de $4.5 billones.
De asumirse la deuda de la Opción tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de
bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los
usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80%
de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en
un 24%, aproximadamente.
De
manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de
energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para
ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar
este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil
hacer política con las tarifas que formula una política de tarifas. Y menos
anuncios como el del Presidente Gustavo Petro para animarlas de que tiene entre
manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está
aplicando”.
¡…Ello no pasa de ser un espejismo…!
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