TOMADO CON AUTORIZACION DEL PORTAL SOCIAL DE NOTICIAS RINCON GUAPO
𝐄𝐥
𝐪𝐮𝐞
𝐮𝐧
𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚
𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥
𝐨
𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚
𝐬𝐞
𝐚𝐭𝐫𝐞𝐯𝐚
𝐚
𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫
𝐚
𝐮𝐧
𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬𝐨
𝐨
𝐚
𝐬𝐮
𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨,
𝐥𝐨
𝐦𝐚́𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐞
𝐞𝐬
𝐪𝐮𝐞
𝐨𝐛𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚
𝐜𝐨𝐦𝐨
𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚
𝐥𝐚𝐬
𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬
𝐟𝐫𝐚𝐬𝐞𝐬:
❞𝐞𝐬𝐞
𝐞𝐬
𝐮𝐧
𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨❞ 𝐨
❞𝐞𝐬𝐞
𝐧𝐨
𝐞𝐬
𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞
𝐮𝐧
𝐧𝐞𝐠𝐫𝐨
𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨❞.
Por RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ PACHECO-
muchachon@rinconguapo.com
En Cartagena hay una frase que aparece cada vez que
alguien cuestiona a los poderosos: “ese es un resentido”. No importa si quien
habla es un periodista, un líder social o un ciudadano cualquiera que se atreve
a señalar un privilegio malsano o una irregularidad. La palabra cae como un
sello que cancela la conversación. Ya no hay necesidad de discutir sobre la
denuncia, pues el argumento se archiva y el foco pasa a la supuesta emoción del
denunciante.
En esta ciudad la palabra “resentido” no es sólo un
insulto. Es un mecanismo de defensa del poder. Funciona como una llave que
cierra cualquier puerta hacia el debate público. Si el crítico habla por
resentimiento, entonces lo que dice no merece ser examinado; y así, con una
sola palabra, se logra algo muy útil: el poderoso no tiene que responder por
nada.
La fórmula tiene una versión todavía más cruel que
muchos cartageneros conocen demasiado bien. Cuando la crítica viene de alguien
de origen popular o de piel oscura, la frase se completa: “ese no es más que un
negro resentido”. No se trata únicamente de clasismo; también hay un viejo
reflejo racial que sigue vivo en la cultura social de la ciudad. Como quien
dice: “Está doblemente jodido: además de negro, es resentido”. La intención es
clara: bajar al crítico de la conversación pública y devolverlo al lugar donde,
según ese prejuicio, debería permanecer.
Quien ha vivido en Cartagena sabe que esas
reacciones no aparecen de la nada. La ciudad carga con una historia larga de
poder concentrado, de apellidos que pesan y de círculos sociales cerrados donde
durante décadas se mezclaron dinero, política y prestigio familiar. Esa memoria
colonial no está escrita en ninguna ley, pero sigue presente en la manera en que
muchos entienden quién puede hablar y quién debería quedarse callado.
Por eso, cuando alguien cuestiona a los grupos
influyentes, la reacción suele ser instintiva. No se examina el contenido de la
crítica, más bien se examina al crítico buscando sus supuestas frustraciones,
sus intereses ocultos y su origen social. Todo sirve para insinuar que el
problema no está en lo que denuncia sino en lo que él es.
Ese desplazamiento es clave, pues de ahí en adelante
el debate deja de girar alrededor de asuntos públicos (contratos, dudosos
privilegios, decisiones administrativas, etc.) y se convierte en una discusión
sobre la personalidad de quien habló. El crítico deja de ser un interlocutor y
pasa a ser un personaje al que debe hacérsele un diagnóstico psicológico.
Ese mecanismo ha sido observado en muchas partes de
América Latina. El sociólogo colombiano Orlando Fals Borda señalaba que las
élites del continente han tenido una tendencia histórica a interpretar la
crítica social como resentimiento. En virtud de eso, las demandas de los
sectores populares se presentan como ataques emocionales contra quienes han
acumulado poder.
Por su parte, el escritor uruguayo Eduardo Galeano
también escribió sobre ese fenómeno. “En muchos países de la región —decía— las
desigualdades profundas terminan explicándose como defectos del carácter de
quienes las denuncian. El problema no sería el sistema sino el supuesto rencor
del que lo cuestiona”.
En Cartagena esa lógica encuentra terreno fértil,
porque la ciudad mantiene una estructura social muy visible. Aquí todo el mundo
sabe quién pertenece a qué círculo, quién tiene qué apellido y quién se mueve
en qué club. En ese escenario, desafiar a los grupos dominantes puede
interpretarse casi como una falta de modales.
Por eso la palabra “resentido” resulta tan eficaz,
ya que no necesita pruebas ni argumentos. Sencillamente apela a un imaginario
social muy de vieja data: la idea de que quien critica a los poderosos lo hace
porque quiere ocupar su lugar y no lo logró.
El fenómeno se vuelve más complejo cuando entra en
juego el sistema de medios. En muchas ciudades latinoamericanas la política, la
empresa privada y la publicidad institucional mantienen relaciones muy
estrechas. En ese sentido, Cartagena no es una excepción.
Cuando un periodista cuestiona a un funcionario o a
un grupo económico, la respuesta habitual ya no es sólo “resentido”. Aparece
otra frase que en la ciudad se repite con frecuencia: “está ardido porque no le
dieron pauta”.
Con esa insinuación ocurre algo muy interesante: la
discusión original puede ser sobre un contrato dudoso, una licitación
sospechosa o una decisión pública cuestionable. Pero la conversación cambia de
dirección. Ya no se habla del asunto denunciado sino de la supuesta motivación
económica del periodista.
La insinuación es simple y devastadora: si critica
es porque no le pagaron. Si elogia es porque sí le pagaron. Bajo esa lógica, el
trabajo periodístico se reduce a una transacción comercial.
Ese recurso tiene efectos profundos, porque
introduce una sospecha permanente sobre la palabra del periodista. No hace
falta demostrar que la denuncia es falsa; basta con sugerir que el autor está
molesto por razones económicas.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el
Comité para la Protección de los Periodistas han advertido que la publicidad
oficial puede convertirse en una herramienta de presión sobre los medios cuando
se distribuye de forma discrecional.
En muchos países se ha visto el mismo patrón: los
medios cercanos al poder reciben contratos publicitarios generosos mientras los
críticos quedan fuera de ese circuito. El resultado es un ecosistema donde la
independencia periodística puede resultar económicamente inquietante.
En ese contexto, la acusación de “estar ardido
porque no le dieron pauta publicitaria” funciona como un mecanismo perfecto
para evitar el debate. No hay que responder a la investigación ni a los datos
publicados. Basta con sembrar la duda sobre la motivación del periodista.
Con el tiempo, ese tipo de discurso produce un
efecto corrosivo en la conversación pública. Si toda crítica puede calificarse
como resentimiento o venganza económica, la discusión deja de apoyarse en
hechos verificables. Entonces aparece el cinismo colectivo. Mucha gente empieza
a pensar que todo el mundo habla por interés, que nadie denuncia por convicción
y que toda opinión tiene un precio.
En consecuencia, cuando una sociedad llega a ese
punto, el daño no se limita a la reputación de un periodista o de un activista.
El daño alcanza algo más profundo: la posibilidad misma de discutir los
problemas de la ciudad con seriedad. De ese modo, Cartagena, que tantas veces
presume de su historia, termina atrapada en una vieja costumbre colonial: la de
proteger el prestigio de los poderosos desacreditando a quien se atreve a
cuestionarlos.








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