Por JACKELINE PEREA BLANCO – Abogada y Activista
Social-@jaquelinepereablanco
Las
Juntas de Acción Comunal (JAC) nacieron como una de las expresiones más
valiosas de la democracia participativa en Colombia: espacios donde la
comunidad se organiza, identifica sus necesidades y gestiona soluciones
colectivas. Durante décadas, han sido el puente entre el Estado y los
territorios, especialmente en zonas donde la institucionalidad es débil. Sin
embargo, hoy enfrentan una crisis silenciosa pero profunda: en muchos casos han
dejado de ser escenarios de integración para convertirse en focos de división.
No es un secreto que en numerosas comunidades
las JAC están atravesadas por disputas personales, intereses políticos y
prácticas poco transparentes. Lo que debería ser un ejercicio de liderazgo
colectivo termina reducido a luchas de poder, exclusiones y desconfianza. El
resultado es evidente: proyectos que no avanzan, recursos que se diluyen y
comunidades fragmentadas que pierden la capacidad de gestionar su propio
desarrollo.
Este deterioro no solo afecta la legitimidad de
las JAC, sino que frena el progreso local. Cuando la organización comunitaria
falla, también lo hacen los procesos de participación, la veeduría ciudadana y
la construcción de soluciones desde el territorio. En lugar de ser motores de
desarrollo, algunas juntas se han convertido en obstáculos para el mismo.
En este contexto, el Decreto 062 de 2025 surge
como una oportunidad clave —quizá irrepetible— para reorientar el rumbo del
movimiento comunal. Más que una norma, representa una invitación a repensar el
liderazgo comunitario: a dejar atrás prácticas clientelistas y a apostar por
una gestión basada en la transparencia, la eficiencia y el bien común.
El verdadero desafío está en quiénes asumen ese
cambio. Se necesitan nuevos liderazgos, sí, pero no necesariamente nuevos
rostros, sino nuevas formas de ejercer el poder comunitario. Liderazgos que entiendan
que dirigir una JAC no es administrar cuotas de influencia, sino gestionar
oportunidades para todos. Que comprendan que la confianza se construye con
resultados y rendición de cuentas, no con promesas ni favoritismos.
El decreto puede establecer reglas, pero son las
comunidades las que deben apropiarse de ellas. La transformación no vendrá
únicamente desde lo normativo, sino desde una decisión colectiva de recuperar
el sentido original de las Juntas: ser espacios de encuentro, de trabajo
conjunto y de construcción de futuro.
Hoy más que nunca, el país necesita
organizaciones comunitarias fuertes, legítimas y enfocadas en el desarrollo.
Las JAC pueden y deben ser ese eje integrador que alguna vez fueron. El Decreto
062 de 2025 abre la puerta; cruzarla depende de la voluntad de quienes creen
que el progreso empieza desde lo local, con liderazgo honesto y compromiso real
con la comunidad.




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